El Instituto Nacional de Migración confirmó la recepción de 365 ciudadanos mexicanos hasta agosto. Las autoridades hondureñas aseguran haberles proporcionado asistencia humanitaria y coordinado su retorno a México, mediante un procedimiento que incluye atención médica, trámites consulares y alojamiento temporal.
México ha rechazado que sus ciudadanos sean enviados a terceros países, cuando existen mecanismos para recibirlos directamente. Pese a ello, Washington ha mantenido estos traslados, que obligan a los migrantes a pasar por otro territorio antes de regresar a su nación.
La situación también afecta a solicitantes de asilo. Organizaciones de derechos humanos documentaron casos de personas cuyos procedimientos de protección en Estados Unidos fueron interrumpidos para trasladarlas a Honduras. También registraron expulsiones posteriores hacia países de origen sin una evaluación previa de sus necesidades de protección en territorio hondureño.
Las deportaciones no terminan necesariamente con la llegada a Honduras. Algunos extranjeros son trasladados nuevamente a sus países, mientras otros buscan protección o continúan su recorrido migratorio. Esta cadena de desplazamientos plantea responsabilidades para ambos gobiernos, especialmente cuando las personas expulsadas enfrentan riesgos de persecución.
Daniel Sierra, Tegucigalpa.
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