Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros 23 países, incluidos Turquía, México, Canadá, Australia, Taiwán, entre otros, son los participantes en dichas negociaciones.
Al revelar 17 documentos secretos sobre TISA, Wikileaks informó que ese tratado tiene previsto regular de manera supranacional servicios de salud, agua, financieros, telecomunicaciones y transporte, entre otros.
De acuerdo con Wikileaks, el pacto exige que haya "transparencia", lo que, en realidad, se traduce en la obligación de los países a presentar los proyectos de ley internos antes de que sean aprobados para determinar su viabilidad.
De acuerdo con Wikileaks, Estados Unidos y la UE son los principales impulsores de TISA que afecta a 50 países y a un 68,2 por ciento del comercio mundial de servicios.
El borrador de ese acuerdo, en el más reciente de su versión, busca que los países firmantes den a los proveedores de servicios financieros extranjeros el mismo trato que a los nacionales.
El tratado pasaría asimismo por encima de regulaciones establecidas por diversas naciones motivadas por razones culturales, sociales, de desarrollo y hasta ambientales, como para luchar contra el cambio climático, y establecería, en caso de ser rubricado, la facultad de que “tribunales comerciales privados decidieran la forma en que los países regulan las actividades que son fundamentales para el bienestar social”, según un análisis publicado por esa organización al respecto.
El tratado está en contra de “las regulaciones que restringen el tamaño y la forma de los mercados locales de servicios (acceso al mercado), y aquellas que discriminan a las empresas extranjeras (trato nacional)”, según Wikileaks.
Cabe destacar que los servicios actualmente representan casi el 80 por ciento de las economías de Estados Unidos y de la UE.
Todo esto se desprende de los borradores secretos proporcionados en exclusiva por WikiLeaks a varios medios a nivel mundial, así como del análisis de los 17 documentos realizado por esa organización.
Es de mencionar que el acuerdo de TISA ha provocado protestas en diversos países del mundo, la más reciente en Uruguay.
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