La medida fue adoptada el sábado por la noche por James Robart, magistrado del distrito federal de Seattle (Costa Oeste), tras escuchar las demandas de dos organizaciones de protección de derechos civiles, a saber, la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU, por sus siglas en inglés) y el Servicio Familiar Judío, sobre las consecuencias de esta prohibición.
De acuerdo con estas asociaciones, las restricciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, contra los migrantes provocan daños irreparables a las familias que viven legalmente en el país norteamericano y ponen a algunas personas en riesgo.
Como consecuencia, el juez estadounidense ordenó al Gobierno federal admitir a trámite ciertas solicitudes migratorias de los países bajo el marco de la prohibición, resaltando que esta medida se debe aplicar “a personas con una relación real con una persona o entidad de EE.UU.”.
Esta decisión se produce casi tres semanas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos autorizara al mandatario estadounidense a poner en marcha su polémico veto migratorio contra los musulmanes.
Según esta ley, los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, es decir: Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen, así como personas de Corea del Norte y altos funcionarios de Venezuela, tienen prohibido el ingreso permanente al país norteamericano.
Esta prohibición ha generado un aluvión de protestas en Estados Unidos, así como en otros países del mundo. Los que se oponen argumentan que la prohibición del jefe de Estado estadounidense se basa en “una medida racista” y viola los derechos constitucionales de los migrantes y sus familiares por atacar, concretamente, a los musulmanes.
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