Luego que el Gobierno de Ecuador había perdido capacidad de maniobra política y económica, al no poder incrementar el precio de los combustibles, ni cargar con más impuestos al país, en un cuarto intento consiguió el visto bueno del Legislativo, en medio de cuestionamientos.
Con 83 votos a favor se aprobó la “Ley Económica” urgente enviada por el Ejecutivo, cargando impositivamente bienes suntuarios como las fundas plásticas, o una contribución especial a las empresas que perciben más de un millón de dólares al año, el debate fue intenso.
Para la bancada de la Revolución Ciudadana, más que un plan económico, este cuerpo legal significa una medida desesperada para obtener una mínima capacidad de maniobra política.
Para que esta ley sea aprobada, se excluyeron muchos temas que afectaban la economía popular. Los oficialistas creen que se conseguirán unos 500 millones, de un déficit de más de 6 mil millones de dólares.
Otros aliados del Gobierno de Moreno, afines al sector financiero, apuestan a la denominada monetización de los activos del Estado para financiar el presupuesto.
El movimiento indígena argumenta que es una ley inconsulta para sus comunidades y esperan analizar su contenido para tomar acciones.
Con este panorama, el gobierno enfrenta un nuevo conflicto y la falta de aprobación de la proforma presupuestaria 2020 con subestimación de gastos y un optimismo desmedido sobre los ingresos, según varios expertos.
Robinson Robles, Quito.
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