El Senado que se ha visto plagado de escándalos, aprobó por 54 votos a favor y 19 en contra la medida que castiga a los servidores públicos y miembros del Gobierno, la legislatura y el Poder Judicial por los llamados "abusos de poder".
"Se prevé la detención de la autoridad que dé inicio a una persecución penal, civil o administrativa sin justa causa fundamentada", dice uno de los fragmentos del borrador elaborado por el senador Roberto Requiao del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
Se prevé la detención de la autoridad que dé inicio a una persecución penal, civil o administrativa sin justa causa fundamentada", dice uno de los fragmentos del borrador elaborado por el senador Roberto Requiao del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
Muchos fiscales y jueces dicen que dicha ley limitará su capacidad para realizar indagaciones, especialmente aquellas que involucran a políticos.
El proyecto de ley, que se espera sea aprobado por la Cámara de Diputados con igual rapidez, fue duramente criticado por uno de los principales fiscales en el caso Petrobras como Carlos Lima.
"Esta es una medida vergonzosa del Senado. Esto significa la lenta destrucción de una investigación seria sobre corrupción", declaró Lima.
El Senado realizó la votación dos semanas después de que el Supremo Tribunal Federal abriera investigaciones a 98 políticos por recibir sobornos y favores políticos en el mayor escándalo de corrupción de Brasil, una trama de sobornos alrededor de la petrolera semiestatal Petrobras.
La investigación mejor conocida como Lava Jato reveló más recientemente otra red corrupta paralela en Odebrecht, la mayor empresa de construcción e ingeniería brasileña y una de las principales proveedoras de Petrobras.
Uno de los principales impulsores de la Ley de Abuso de Autoridad es el expresidente del Senado Renan Calheiros, quien es investigado por corrupción en el Tribunal Supremo Federal por diversas causas relacionadas con el Lava Jato.
De acuerdo con documentos del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York publicados el pasado diciembre por el Departamento de Justicia de EE.UU., la constructora brasileña Odebrecht pagó alrededor de 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluidos Angola, Argentina, Panamá, Brasil y Colombia, en donde habría entregado más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014.
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