Los fiscales Carlos Velazco y Stella Scandura alegaron el martes ante el Tribunal Oral Federal 4 que Menem fue "el responsable máximo" de "la sustracción de caudales públicos" mediante el pago de "sobresueldos" durante sus dos gestiones al frente del Ejecutivo.
El equipo de fiscales también pidió la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación para que inicie una demanda encaminada a recuperar 466 millones de pesos (casi 50 millones de dólares estadounidenses), que se habrían pagado en concepto de “sobresueldos”.
El Ministerio Público solicitó, además, cinco años de cárcel para el exministro de Economía Domingo Cavallo y cuatro para el exministro de Justicia Raúl Granillo y la exsecretaria de Recursos Naturales María Julia Alsogaray, así como la inhabilitación.
Menem y los otros acusados se defienden aduciendo que los pagos excesivos obedecían a la necesidad de nivelar la remuneración de los altos cargos gubernamentales con la de otros funcionarios, pero los fiscales señalan que, de acuerdo con las pruebas reunidas, los sobresueldos “en negro” cuadruplicaban los montos de las respectivas remuneraciones.
El pasado mes de marzo, el Centro de Información Judicial informó de que Menem y Cavallo serían juzgados por dichos cargos.
Menem, de 87 años, ha estado sentado en el banquillo de los acusados en diferentes juicios en los últimos años. La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina condenó en el año 2013 a Menem y a su exministro de Defensa, Oscar Camilión, por contrabando de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995.
Además, el exdignatario argentino se encuentra entre los trece acusados por encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994, y se cree que es el principal culpable.
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