El juez federal Claudio Bonadio dictaminó el pasado 6 de diciembre el desafuero como senadora de la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner y de su canciller Héctor Timerman para arrestarlos por el presunto encubrimiento del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994 en Buenos Aires, la capital del país.
Días después de la sentencia, el sucesor de Fernández, Mauricio Macri, afirmó que su predecesora debe rendir cuentas ante la Justicia y dar explicaciones sobre “muchas denuncias” que, según él, existen en su contra.
A este respecto, el director para el continente americano de HRW, José Miguel Vivanco, aseguró ayer martes que los cargos presentados contra Cristina Fernández, el exministro de Exteriores Timerman y otros ex altos cargos por un supuesto delito de “traición a la patria” en la investigación del caso AMIA no se sostienen y parecen “sumamente endebles”.
El procesamiento dictado el 6 de diciembre de 2017 por el juez Claudio Bonadio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su canciller Héctor Timerman y otras 10 personas por ‘traición a la patria’ y ‘encubrimiento’ no se funda en argumentos serios que permitan sustentar los cargos”, denuncia el director para las Américas de la Organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
“El procesamiento dictado el 6 de diciembre de 2017 por el juez Claudio Bonadio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su canciller Héctor Timerman y otras 10 personas por ‘traición a la patria’ y ‘encubrimiento’ no se funda en argumentos serios que permitan sustentar los cargos”, declaró la ONG mediante un comunicado.
En este se insta asimismo a la Justicia a “revertir de inmediato” la decisión, debido a la ausencia de motivos suficientes e individualizados para encarcelar a los imputados, tras haber analizado la organización las 491 páginas del auto judicial, entre otros documentos. Además, HRW advierte de que dicha medida “socava aún más la credibilidad del poder judicial argentino”.
La investigación en curso respecto al caso AMIA tiene como base la denuncia realizada en 2015 por el fiscal Alberto Nisman, que acusaba a la expresidenta y a los demás dirigentes kirchneristas de un presunto delito de “traición a la patria” y del encubrimiento del atentado.
Por su parte, Fernández responsabiliza a Macri de “inventar” la causa en su contra y asegura que todo este proceso es un plan de “espionaje político y persecución” que está “directamente vinculado” con su mandato en el Senado del país suramericano.
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