A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) rubricado por Mauricio Macri, el Poder Ejecutivo ha oficializado modificaciones a la Ley de Migraciones para acelerar los procesos de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos, ante lo que señala como “una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes”, ha anunciado el diario La Nación.
De acuerdo con el texto publicado en el Boletín Oficial argentino, “ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a 7 años de tramitación”.
Al respecto, explica que la “regulación inmediata” se aplicará en aquellos casos en los que haya extranjeros involucrados en hechos delictivos y que hayan entrado de forma clandestina en el país, eludiendo el control migratorio.
Las modificaciones, que según las organizaciones humanitarias incurren en discriminación y xenofobia, se realizan a la Ley de Migraciones debido al creciente número de inmigrantes en las prisiones del país sudamericano, que en 2016 ha alcanzado el 21,35 % de la población carcelaria, se indica en el Boletín.
Entre las razones por las que se impide el ingreso y permanencia de extranjeros se encuentra "haber sido condenado o estar cumpliendo condena, o tener antecedentes o condena no firme" en Argentina o el exterior por delitos que según las leyes argentinas merezcan prisión, así como de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas, según el texto.
Sin embargo, el Gobierno afirma que como excepción podrá admitir en Argentina, en determinadas condiciones y "únicamente por razones humanitarias, de reunificación familiar o de auxilio eficaz a la justicia", a los extranjeros que se encuentren en algunos de esos supuestos y hayan cometido delitos que en Argentina no excedan los tres años de prisión.
Este endurecimiento del control migratorio argentino se viene debatiendo desde las últimas semanas, con críticas por parte de la oposición y organizaciones sociales, que han acusado al Gobierno de Macri de utilizar datos "sesgados" para "responsabilizar" a los extranjeros de los delitos de narcotráfico.
La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, abogó el pasado martes por que el Gobierno de Macri ordene las relaciones con Bolivia, Paraguay y Perú, algo que provocó la indignación de estos tres países.
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