De acuerdo con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, el procedimiento para remover de sus cargos a los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, propuesto el lunes por el Parlamento venezolano, está contemplado en la Constitución, pero solo se puede llevar a cabo con la intervención del Poder Ciudadano.
“No existe posibilidad alguna que en el marco del orden constitucional que se le permita al Parlamento tomarse atribuciones que corresponden exclusivamente al Poder Ciudadano”, ha subrayado este martes el magistrado venezolano.
No existe posibilidad alguna que en el marco del orden constitucional que se le permita al Parlamento tomarse atribuciones que corresponden exclusivamente al Poder Ciudadano”, dice el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno.
En este contexto, ha explicado que para que el procedimiento se lleve a cabo es necesario que exista un voto favorable con mayoría calificada de las dos terceras partes de los integrantes de la AN, pero, ha enfatizado, en este momento no cuenta con ese quórum.
Maikel Moreno, Pdte. TSJ, dijo que en los actuales momentos la AN en desacato carece de legalidad y legitimidad para remover a Magistrados
— TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) April 4, 2017
Además, el Consejo Moral Republicano tiene que presentar una solicitud para que se abra una investigación que permita calificar de "grave" alguna falta de los magistrados.
También, el informe debe ser presentado ante el Poder Legislativo por los tres integrantes del Poder Ciudadano, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, el defensor Tarek William Saab y el contralor Manuel Galindo.
Al respecto, Moreno ha recalcado que el Parlamento, de mayoría opositora, para solucionar la situación de desacato y para que sus actos vuelvan a tener legalidad, debe obedecer lo que establece el texto constitucional.
El pasado 29 de marzo, el TSJ de Venezuela retiró las competencias de la AN y anuló la inmunidad de sus miembros por su “situación de desacato”. Inmediatamente después, el Gobierno de Caracas recibió las críticas y condenas de diversos países.
Día después, Ortega Díaz criticó la iniciativa y afirmó que “en dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución”.
El ente judicial, a su vez, publicó un comunicado el sábado en el que explicaba las correcciones a la iniciativa anterior: los parlamentarios no perderán su inmunidad y el TSJ no asumirá las competencias de la Asamblea.
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