Capriles, gobernador de Miranda, afirmó el jueves que en la audiencia realizada por la Contraloría de la República se tomó la decisión de imponerle una multa y dictar su responsabilidad política en el procedimiento administrativo que se abrió en su contra el pasado 7 de septiembre del 2016.
"Fuimos multados, nos declararon responsabilidad administrativa y ahora lo que viene, el siguiente paso, es un recurso de reconsideración" por parte de la defensa, dijo Capriles en rueda de prensa.
Fuimos multados, nos declararon responsabilidad administrativa y ahora lo que viene, el siguiente paso, es un recurso de reconsideración" por parte de la defensa, declaró Henrique Capriles en rueda de prensa.
El martes pasado, el también líder de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) había informado de este proceso administrativo en su contra, acusando al Gobierno de Nicolás Maduro de usar a la Contraloría para agredirlo, al tiempo que pidió que el caso sea enviado a la Fiscalía y a los tribunales competentes.
Aseveró además que no fue un acto aislado, sino que corresponde a la primera fase de la decisión para inhabilitarlo políticamente. “Están construyendo el camino para más adelante dictarnos una inhabilitación”, declaró, que podría extenderse por 5 u 8 años.
El contralor general de la República, Manuel Galindo, aseguró sin embargo el jueves que el procedimiento administrativo al que está siendo sometido el gobernador de Miranda no está vinculado con el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.
Galindo afirmó que los rumores sobre que el caso esté vinculado con los sobornos de la compañía Odebrecht son completamente falsos y han sido difundidos para distorsionar la gestión de los funcionarios autorizados para seguir el procedimiento. En ese sentido, exigió respeto a la Contraloría General de la República, sus funcionarios y su directiva.
El dirigente opositor, por su parte, señaló que no había asistido a una audiencia para declarar por el caso, en la que sí estuvieron presentes sus abogados, debido a que no fue un acto público, como le habían informado previamente.
El gobernador y dirigente opositor calificó de “caso chimbo” el proceso y señaló que lo único sensato que dijo el Contralor General fue que no tenía nada que ver con el caso de la empresa brasileña Odebrecht.
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