Los golpes, disparos y violaciones a las garantías ciudadanas durante el golpe de Estado en Honduras en el año 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales no fueron suficientes para que la Corte Penal Internacional (CPI) considerara que hubo delitos de lesa humanidad en ese país centroamericano.
En Bruselas (capital de Bélgica) se anunció el cierre del examen preliminar con un descontento de los hondureños.
Durante el golpe de Estado se cerraron medios de comunicación, se establecieron toques de queda en todo el país, y miles de hondureños fueron objeto de abusos militares y policiales por rechazar la salida de Manuel Zelaya del poder.
La CPI había abierto en el año 2011 una investigación preliminar para constatar si hubo delitos que entraran dentro de su competencia. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) exigió no dejar de investigar las muertes ocurridas en ese país tras el golpe de Estado.
La Dirigencia del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) sostiene que fueron más de 200 víctimas las que se registraron en el golpe de Estado y movilizaciones posteriores al derrocamiento de Manuel Zelaya Rosales.
También fueron revisados los asesinatos de campesinos en la zona del Bajo Aguán, al norte del país, donde se desató una lucha por la tenencia de tierras y fueron asesinados cientos de campesinos.
Manuel Zelaya Rosales, el expresidente de Honduras, escribió en su cuenta de Twitter que “los delitos cometidos no prescriben” en alusión a los militares y políticos hondureños implicados.
Dassaev Aguilar, Tegucigalpa.
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