El 30 de junio de 2013 marcó el principio del fin del Gobierno de Mohamad Mursi, el primer presidente egipcio elegido en las urnas que fue depuesto tres días más tarde.
El periodo comprendido entre la señalada fecha y diciembre de 2014 ha sido elegido por el CNDH para estudiar la situación de Egipto en el respeto a las libertades de sus ciudadanos. Las conclusiones del informe recién publicado muestran un panorama poco alentador.
El azote del terrorismo y las consiguientes políticas antiterroristas son pues responsables del deterioro de los derechos humanos en Egipto, según el consejo.
Justificando las medidas en la necesidad de alcanzar una estabilidad duradera, el presidente Al-Sisi ha extendido las competencias de los tribunales militares para juzgar a civiles, y ha permitido encarcelar a miles de opositores en virtud de una represiva ley de protestas. Tras la detención el calvario comienza en las estaciones de policía.
Si bien mantiene un tono crítico, el informe elaborado por el organismo gubernamental parece descafeinado en comparación con las denuncias realizadas por otras organizaciones locales e internacionales.
El Consejo no considera probado que se torture sistemáticamente en los presidios de Egipto y se desvincula de quienes han reprobado la repartición de condenas a muerte al por mayor en juicios sin garantías.
El informe del CNDH no es más que la punta del iceberg del cúmulo de críticas recibidas por las autoridades egipcias. Sin embargo, la falta de consecuencias políticas y económicas ha permitido al Gobierno continuar con su actuación y llevar a la cárcel a decenas de miles de activistas.
Rocío López, El Cairo.
xsh/hnb
