"No es un plan que vaya a mejorar la economía de Puerto Rico; muy por el contrario, lo que va a hacer es que la economía siga contrayéndose y sigamos todavía en este estancamiento económico", afirma Martha Quiñones, expresidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico.
Quiñones es uno de los expertos consultados por el rotativo digital ruso Sputink al respecto y que han mostrado sus reticencias al plan que el Gobierno de Alejandro García Padilla baraja con gruesos recortes en educación, salud y beneficios laborales, así como aumentos impositivos.
"No es un plan que vaya a mejorar la economía de Puerto Rico; muy por el contrario, lo que va a hacer es que la economía siga contrayéndose y sigamos todavía en este estancamiento económico", afirma Martha Quiñones, expresidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico.
Entre las medidas más cuestionadas se incluye el cierre de escuelas, la disminución de los beneficios del sistema de salud a estándares mínimos, la reducción de las vacaciones pagas para los empleados públicos y privados y la flexibilización de las leyes laborales para la inserción al trabajo de las personas más jóvenes.
A nivel impositivo, se dispone la entrada en vigor, a partir del 1 de octubre, el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de cuatro por ciento a los servicios.
También se prevé la participación de capitales privados en áreas que antes eran de gestión exclusiva del Estado, como es el caso de la energía eléctrica.
Considerando las medidas planteadas por el Ejecutivo puertorriqueño, Quiñones ha señalado que el plan de ajuste no busca "alternativas a las recetas tradicionales" del "modelo neoliberal de recortes y ajustes fiscales", por lo que "parte de la discusión" que debe tener Puerto Rico "es si de verdad esa es la alternativa o podemos crear nuestra propia alternativa".
El texto del plan de recortes debe ser presentado antes de 30 de agosto al gobernador García Padilla, para ser analizado y enviado posteriormente a la Asamblea Legislativa para su discusión.
Para Quiñones, sin embargo, el paso por el Parlamento no modificará significativamente los alcances del plan de ajuste, por mucho que algunos legisladores "no están conformes" con la propuesta, elaborada sin consultar con ellos, por ejemplo, el proceso de ejecución.
"Ellos están viendo que (el plan) es una imposición por encima de su mandato político; un plan que va a establecer una junta que no es electa por el pueblo, que no responde al pueblo y que lógicamente va a traer mucho malestar social", prevé la economista.
La sorpresiva declaración de García Padilla, en la que cifra en más de 73 mil millones de dólares la deuda pública de Puerto Rico y la considera “impagable”, ha marcado un punto de inflexión en la relación de Puerto Rico con EE.UU,. Además, el país caribeño por ser un estado libre asociado a Estados Unidos, no puede declararse en quiebra.
Tras el anuncio, el Ejecutivo puertorriqueño anunció que mantiene negociaciones con sus acreedores con el fin de cumplir sus compromisos.
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