Un grupo de colectivos sociales y organizaciones no gubernamentales (ONG) entregó el martes a la Fiscalía del Perú un informe, el cual indica que 211 mil mujeres recibieron información incompleta sobre el proceso y las consecuencias de tal operación quirúrgica, mientras que otras 25 mil mujeres no sabían que era una intervención irreversible.
La ONG responsabilizó a Fujimori de mandar al Congreso la Ley Nacional de Población del año 1996, que despenalizaba las ligaduras de trompas y las vasectomías como método anticonceptivo, lo que permitió que solo en el año siguiente se alcanzara un pico de 100 mil esterilizaciones.
La directora de la ONG Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), María Ysabel Cedano, explicó que “han transcurrido nueve meses y el fiscal superior Luis Landa aún no se pronuncia sobre las quejas interpuestas frente al archivo parcial de la investigación sobre el caso”.
Existe suficiente evidencia para que el ministerio Público denuncie y el Poder Judicial investigue y juzgue”, dijo la directora de la ONG Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), María Ysabel Cedano.
“Existe suficiente evidencia para que el ministerio Público denuncie y el Poder Judicial investigue y juzgue”, agregó Cedano, quien estuvo acompañada en la conferencia de prensa por un grupo de mujeres que se declaran víctimas de esterilizaciones forzosas.
Esas esterilizaciones forzosas se dieron durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000.
Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves, tras ser hallado culpable intelectual de las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992.
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