El régimen israelí "está encarcelando ilegalmente a prisioneros de Gaza en Israel y es muy difícil para sus familias visitarles", ha denunciado este lunes la directora para Palestina y el régimen de Israel de la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW), Sari Bashi.
El régimen israelí está encarcelando ilegalmente a prisioneros de Gaza en Israel y es muy difícil para sus familias visitarles", ha denunciado la directora para Palestina y el régimen de Israel de la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW), Sari Bashi.
Luego de destacar que hay algunas diferencias en la manera en que ese régimen se comporta con las familias de los prisioneros de la ocupada Cisjordania y las de los gazatíes, ha dicho que en ambos casos se viola el derecho internacional, que prohíbe la transferencia de los detenidos de los territorios ocupados a las cárceles israelíes.
En el marco de las limitaciones que impone el régimen israelí a las familias de los encarcelados, Bashi ha explicado que los visitantes requieren de un permiso especial del servicio de seguridad interna israelí Shin Bet para ver a sus seres queridos.
Aunque ese régimen debe garantizar que estas visitas se realizan de forma segura, ha dicho, las autoridades han impuesto excesivas restricciones que "dificultan innecesariamente" las visitas de los presos de la Franja Gaza.
Según Bashi, las limitaciones se aplican además en la frecuencia de las visitas, las familias de los presos de la ocupada Cisjordania pueden visitarlos una vez cada dos semanas, y las de los prisioneros de la Franja de Gaza una vez cada dos meses.
Las visitas suelen durar 45 minutos y son siempre a través de una barrera de vidrio reforzado, ha precisado.
Al respecto, la funcionaria de HRW ha exigido al régimen de Israel a "cumplir con sus obligaciones" para facilitar estas visitas y "abstenerse de suspenderlas por razones no relacionadas con la seguridad de las propias visitas".
Hasta el pasado mes de marzo, más de 700 palestinos se encontraban presos en cárceles israelíes en detención administrativa.
La detención administrativa permite al régimen israelí mantener bajo arresto a una persona durante seis meses, renovables indefinidamente, sin mostrarle pruebas en su contra, acusarlo formalmente ni revelarle de qué delito es sospechoso.
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