A un día de cumplirse 31 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero (sur), padres y compañeros de los desaparecidos fueron atacados el martes con bombas de gases lacrimógenos frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación de México (Segob), donde se encontraban para solicitar una reunión con el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong.
Tras una hora de espera sin recibir respuesta alguna, los manifestantes comenzaron a presionar tocando y golpeando simbólicamente la valla metálica del edificio de la Segob, pero un grupo de encapuchados que se introdujo entre ellos comenzó a arrojar petardos y piedras contra los efectivos de la Policía Federal que rodeaban la dependencia al otro lado de las vallas. Ante esto, las fuerzas policiales respondieron de inmediato lanzando bombas de gas lacrimógeno.
Estas agresiones evidencian la intención de este gobierno priísta de crear las condiciones para cerrar el caso. Muestra su falta de voluntad política para esclarecer el caso, a un gobierno insensible que no le interesa la verdad y la justicia y que pretende acallar la exigencia de los padres con la represión”, señala el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en un comunicado.
De acuerdo a información difundida por Vidulfo Rosales, vocero de los padres de los normalistas, en el incidente resultaron intoxicadas cinco personas, quienes de inmediato recibieron atención médica.
La acción policial ha sido denunciada por grupos y organizaciones sociales como el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, entre otros.
“Estas agresiones evidencian la intención de este Gobierno priísta de crear las condiciones para cerrar el caso. Muestra su falta de voluntad política para esclarecer el caso, a un Gobierno insensible que no le interesa la verdad y la justicia, y que pretende acallar la exigencia de los padres con la represión”, señala el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en un comunicado.
Este 26 de abril se cumplen dos años y ocho meses de la desaparición de los normalistas —cuyo paradero todavía se desconoce— cuando viajaban en cuatro autobuses desde el municipio de Ayotzinapa hacia Iguala, en el estado sureño de Guerrero, con el objetivo de recaudar fondos para asistir a la conmemoración de la matanza de Tlatelolco.
La desaparición de los 43 normalistas ha suscitado desde septiembre de 2014 una ola de indignación y protestas en México y en el mundo por la falta de cooperación del Gobierno mexicano para esclarecer el auténtico paradero de los estudiantes.
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