La crisis política en Guatemala se acentúa con los días, el pulso de quienes no quieren que el comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la impunidad se vaya del país y quienes lo quieren fuera es una constante que definirá el futuro de los casos de corrupción que ha perseguido Iván Velásquez y la fiscal general del Ministerio Público Thelma Aldana, incluyendo al presidente del país a quien se le acusa de recibir dinero ilícito para financiar su campaña electoral.
Bastaron unas horas para que el presidente indicara que el Comisionado debía abandonar el país por su injerencia en asuntos internos. Desde el anuncio las muestras de solidaridad de los guatemaltecos y comunidad internacional han ido en aumento. Analistas ven las acciones del presidente como una revancha en contra de quien también llevó a los tribunales a su hijo y hermano, involucrados en lavado de dinero y otros delitos.
Unas 40 organizaciones sociales incluyendo la iglesia, jóvenes de diferentes universidades, agrupaciones campesinas e indígenas, y dependencias del estado apoyan las acciones del la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y han salido a las calles a manifestar su repudio contra la corrupción y la Impunidad, el mensaje es claro.
El proceso de antejuicio lo tiene que conocer en última instancia el Congreso de la República donde se libra una batalla a lo interno por quienes apoyan al presidente y quienes podrían votar por quitarle la inmunidad, los dos extremos dependerán de lo que suceda en los próximos días.
Conforme van pasando los días se van sumando las solicitudes de antejuicio en contra del presidente Morales, a tal punto que en una semana la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podría conocer hasta siete de estos recursos que en 2015 le quitaron el derecho a antejuicio al ahora expresidente Otto Pérez Molina y le dio paso al derrocamiento del partido patriota.
Miguel Salay, Guatemala
akm/mkh
