• Policía francesa durante desalojo del campamento de "la jungla" de Calais, al norte de Francia, 1 de marzo de 2016.
Publicada: miércoles, 2 de marzo de 2016 14:29

Varias organizaciones humanitarias acusaron el martes a las autoridades francesas de brutalidad en el trato propinado a los migrantes desalojados de "la jungla" de Calais, al norte del país.

"A los refugiados solo se les dio, con amenazas y desinformación, entre una hora y 10 minutos para que saliesen de sus tiendas", según recoge un comunicado de grupos de derechos humanos que han informado de cómo la policía detuvo a quienes se negaban abandonar sus tiendas, sin permitirles recoger sus pertenencias, ni siquiera para salvar sus documentos.

El desmantelamiento del campamento de emigrantes conocido como "la jungla de Calais", cuya evacuación autorizó el jueves la justicia francesa, empezó el pasado lunes. El lugar es usado como un trampolín para tratar de llegar al Reino Unido por quienes huyen de las crisis que asolan países como Siria e Irak.

A los refugiados solo se les dio, con amenazas y desinformación, entre una hora y 10 minutos para que saliesen de sus tiendas", según venia recogida en una nota de grupos de derechos humanos denunciando la actitud de Policía francesa en desalojo de la "jungla" de Calais.

Las organizaciones denuncian que las autoridades no han respetado su promesa de una operación digna y humana, que hubiera consistido en persuadir a los migrantes de abandonar sus tiendas y caravanas.

Esta situación hizo que tanto los migrantes que sufrían en carne propia los abusos como, por otro lado, los activistas promigrantes, protestaran contra el desalojo.

Algunas tiendas de campaña y cubiertas de lona fueron incendiadas en los altercados subsiguientes.

Las organizaciones pro derechos humanos denuncian que la policía utilizara contra los migrantes, para frenar las protestas, gas lacrimógeno y cañones de agua.

Tiendas de campaña y estructuras cubiertas de lona quemándose durante las protestas del campamento de "la jungla" de Calais, 1 de marzo de 2016.

 

En este sentido, la prefectura regional a cargo de la demolición alega que tuvo que mandar a cientos de efectivos policiales para proteger a los trabajadores que estaban desmontados el campamento, y acusa a los grupos pro migrantes como causantes de los disturbios.

krd/mla/nal

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