El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sería transitoriamente, el jefe de Estado, la nacionalidad catalana no supondría la renuncia a la española y los encausados por el proceso serían amnistiados. Son algunas de las cuestiones que contempla la ‘ley ruptura’ de España en caso de que gane el sí a la independencia.
La coalición izquierdista Junts pel Sí (en español, Juntos por el Sí) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP) han desgranado la norma que debe dar seguridad jurídica al escenario de una hipotética independencia hasta la aprobación de una nueva Constitución, aproximadamente un año más tarde. La norma apuesta por la negociación con el Estado español y se aprobará antes del 1 de octubre, aunque se desconoce cuándo y en qué formato.
Mientras el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) acuerdan una posición común ante el reto soberanista, la oposición unionista en la Cámara catalana ha asegurado que la ley no verá la luz, sin descartar tampoco la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la anulación de la autonomía catalana.
Los distintos partidos independentistas, de gran distancia ideológica, mantienen discrepancias sobre cómo y cuándo aprobar las leyes de ruptura y del referéndum. Quieren evitar también impugnaciones y bloqueos institucionales por parte del Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, dejan claro que lo harán próximamente y se encaminarán así hacia el choque frontal con el Estado.
Oriol Puig, Barcelona.
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