Los pactos policiales no aparcan las denuncias de autoritarismo del Estado por parte del independentismo, que llama a participar el 1-0.
Tras meses de desencuentro y ocho años sin reunirse, la cúpula policial de España y Cataluña finalmente se ha encontrado para acordar la integración de los Mossos d’Esquadra, la policía catalana, en el Centro Antiterrorista y explorar su conexión con la Interpol. Esta imagen, poco frecuente, ha intentado evitar el tema del referéndum, aunque sin olvidar el contexto de conflicto institucional presente.
La buena sintonía policial ha contrastado con la denuncia, a la misma hora, de la sociedad civil independentista contra el autoritarismo del mismo Ministerio de Interior, al que acusan de conspirar para impedir el referéndum. Los soberanistas han defendido la consulta unilateral y han llamado al voto el 1 de octubre.
El independentismo también ha lamentado la indefinición de Cataluña en Comú después de que el partido de la alcaldesa Ada Colau y el líder de En Comú Podem en el Congreso de España, Xavier Domènech, haya decidido participar en el referéndum pero sin considerarlo vinculante y sin instar al voto.
Mientras el independentismo se muestra convencido de que habrá urnas, el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, apela a la prudencia y no ha desvelado aún cómo piensa parar la consulta.
Por ahora sólo ha avanzado que quiere suspenderla con los tribunales, amparándose en el propio Estatuto de Cataluña y con el apoyo de Ciudadanos y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pero ciertamente no descarta ninguna opción, tampoco la suspensión de la autonomía, una opción que, de producirse supondría un acto inaudito en democracia.
Oriol Puig, Barcelona.
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