Observadores internacionales, creación de la Sindicatura Electoral de Cataluña y censo elaborado por la Generalitat. Estas son algunas cuestiones detalladas en la Ley de Referéndum excepcional para amparar la consulta vinculante de octubre. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha defendido así que el Estado no podrá impedir la votación y ha apelado a la participación del ‘No’.
En un gran acto titulado “Garantías para la democracia”, el Gobierno catalán ha certificado el aval internacional a través de su jurisprudencia y ha defendido una campaña igual para las dos posiciones, sin mínimo de participación para su validez.
Previamente, los independentistas han desgranado la norma en el Parlamento, junto a su socio anticapitalista, la Candidatura de Unidad Popular (CUP), sin informar aun cuándo se aprobarán la ley. No obstante, han avalado la declaración inmediata de independencia en caso de ganar el ‘Sí’.
Ciudadanos y el Partido Popular (PP), por su parte, han calificado el anuncio de totalitario, y han insistido en que el referéndum no se hará y han amenazado con la suspensión de la autonomía si llega el caso.
Elevando el tono, el PP ha apelado a la actuación inmediata de la Fiscalía y del Estado para impedir el referéndum y la aprobación de la ley. A su vez, ha procurado hacer mella en la destitución fulminante por parte de Puigdemont del consejero de Empresa de la Generalitat, Jordi Baiget, por dudar públicamente de la celebración del referéndum.
Este cierre de filas soberanista es un aviso a navegantes ante un momento crucial del choque con el Gobierno español, que supone de facto el primer acto de desobediencia al Estado.
Oriol Puig, Barcelona.
xsh/rba
