Es el veredicto del Tribunal Superior Justicia de Cataluña (TSJC), que le ha considerado culpable por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) al convocar el referéndum. El TSJC ha dictaminado este lunes una pena muy inferior a la requerida por la fiscalía, que era de diez años de inhabilitación para el ejercicio de cargos electos.
El expresidente de Cataluña (2010-2016) también tendrá que pagar una multa de 36.500 euros.
El tribunal ha condenado además a la exvicepresidenta Joana Ortega a un año y nueve meses de inhabilitación y a la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau a un año y seis meses. Los tres acusados han sido exculpados del delito de prevaricación.
El juicio contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Ortega y Rigau comenzó el 6 de febrero pasado, en el que los mencionados funcionarios eran juzgados por presuntos delitos de desobediencia grave y prevaricación por organizar la consulta del 9 de noviembre de 2014, una acción sin efectos jurídicos sobre la independencia de Cataluña.
El actual presidente catalán, Carles Puigdemont, ha reaccionado de inmediato al fallo, censurando la decisión, mientras ha resaltado el anuncio de la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, sobre la convocatoria de un nuevo referendo de independencia del Reino Unido, después de la infructuosa consulta de 2014.
“¡Qué error! Qué diferencia con las democracias consolidadas y saludables”, ha tuiteado Puigdemont.
Igualmente, Izquierda Republicana de Cataluña (ERC, por sus siglas en catalán), ha arremetido contra la sentencia y la ha calificado de “indigna y antidemocrática”.
En la consulta no vinculante de 2014 participaron 2,3 millones de catalanes de un total aproximado de 6,3 millones que estaban invitados a votar. De aquellos que acudieron a las urnas, un 80 % apostó por la secesión de esta región del noreste de España, que cuenta con 7,5 millones de habitantes.
Los secesionistas, mayoritarios en el Parlamento regional desde 2015, utilizaron el juicio oral para hacer una demostración de fuerza, y el primer día arroparon a los acusados con una manifestación de 40.000 personas ante el TSJC.
Por su parte, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha insistido en varias ocasiones en que no permitirá que se celebre un referendo secesionista en la referida región.
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