A cada causa judicial contra políticos independentistas, la calle responderá. Se demostró con el expresidente de la Generalitat Artur Mas y su equipo, imputados por poner las urnas el 9N y se ha vuelto a repetir con la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, acusada por supuestamente vulnerar y prevaricar contra resoluciones constitucionales. La ciudadanía llama a la desobediencia.
Al grito de todos somos Forcadell, la presidenta ha estado arropada por miles de personas y la plana mayor del soberanismo. La Fiscalía le imputa pretender destruir el Estado y busca inhabilitarla.
El cerco de la justicia española se estrecha y ya son más de 400 procedimientos abiertos contra ayuntamientos y cargos electos. Ante eso el soberanismo exhibe unidad.
La defensa de las instituciones catalanas continuará y las entidades civiles han instado a nuevas movilizaciones el próximo 13 de noviembre.
A pesar de las embestidas judiciales, el independentismo sigue decidido por ahora en materializar su hoja de ruta hacia la República catalana.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, incluso ha llegado a decir estos días que estaría dispuesto a ir a prisión por haber convocado el referéndum el próximo año, aunque considera que si se produjera sería una barbaridad democrática inexplicable.
Oriol Puig, Barcelona.
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