“El hecho de publicar la noticia de forma totalmente malintencionada al inicio del proceso electoral con el ánimo de perjudicar al Sr. Iglesias en el libre ejercicio de su derecho fundamental a participar en las elecciones como candidato, amparado en el artículo 23 de la Constitución Español’’, se lee en la demanda presentada por Pablo Iglesias ante los juzgados de primera instancia de la capital española, Madrid.
La denuncia va dirigida también contra el director y redactor de la noticia, Eduardo Inda y Francisco Mercado, respectivamente, a quienes demanda por dos razones: haber publicado sin verificación alguna que el Gobierno venezolano diera una orden de pago a Iglesias de unos 272.000 dólares en el paraíso fiscal de Granadinas a fecha de 11 de marzo de 2014, y aparecer el nombre del líder de Podemos —sin más datos personales: ni documento de identidad, ni pasaporte—, sin justificarlo siquiera mediante algún extracto bancario referido al pago.
El hecho de publicar la noticia de forma totalmente malintencionada al inicio del proceso electoral con el ánimo de perjudicar al Sr. Iglesias en el libre ejercicio de su derecho fundamental a participar en las elecciones como candidato, amparado en el artículo 23 de la Constitución Español’’, reza la demanda presentada por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ante los juzgados de primera instancia de Madrid (capital).
Los supuestos actores de esta rocambolesca historia —es decir, el propio Iglesias, el Gobierno de Nicolás Maduro y el propio banco Euro Pacific Bank, que está en efecto situado en el paraíso fiscal de Granadinas— desmintieron las acusaciones vertidas apenas se publicaron el pasado 6 de mayo.
La nota señala además la falta de profesionalidad de los autores de la acusación. Según estos, las fuerzas de seguridad españolas han realizado un exhaustivo análisis para verificar la autenticidad de los documentos publicados; sin embargo, no especifican qué autoridad o cuerpo policial ha recibido esos documentos del citado Gobierno extranjero ni bajo qué jurisdicción estarían actuando esas fuerzas de seguridad.
Por estas difamaciones, los abogados de Iglesias han pedido, además de una compensación por el atentado al honor de su cliente, una rectificación en los medios escritos y televisivos donde se difundió la falsa información.
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