En un duro revés para el Gobierno de Londres, la Corte Suprema británica ha dictaminado este jueves que la primer ministra carece de la facultad de usar la prerrogativa de la Corona y activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa sin la autorización previa del Parlamento.
La decisión de la justicia da la razón a Gina Miller, gestora de inversiones de Londres que encabezó un pleito legal contra el Gobierno, alegando que el referéndum del 23 de junio fue "consultivo" y "no vinculante".
La Corte no acepta el argumento del Gobierno. No hay nada en las actas de 1972 que lo apoye. El Gobierno no tiene el poder, en virtud de la prerrogativa de la Corona, de notificar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (…) El tribunal acepta el argumento de los reclamantes”, han concluido los tres magistrados señores de la Corte Suprema británica.
“La Corte no acepta el argumento del Gobierno. No hay nada en las actas de 1972 que lo apoye. El Gobierno no tiene el poder, en virtud de la prerrogativa de la Corona, de notificar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (…) El tribunal acepta el argumento de los reclamantes”, han concluido los tres magistrados de la Corte Suprema.
El Gobierno británico se muestra decepcionado por la decisión de la justicia del país y dice que apelará esta decisión.
May ha alegado hasta ahora que su Gobierno recibió el mandato del pueblo británico y que, por tanto, puede invocar directamente el artículo 50 del Tratado de Lisboa y activar la salida del Reino de la Unión Europea (UE) sin necesidad de voto en el Parlamento.
La premier, que sustituyó en el cargo a David Cameron tras el triunfo de la campaña del brexit, tenía previsto dar inicio al proceso de salida del bloque comunitario en marzo del año venidero. Por su parte, los líderes de la UE han solicitado con insistencia al Reino Unido que presente lo antes posible una petición oficial de abandono del bloque.
En este contexto, el fallo de hoy supone una tremenda humillación para la primera ministra, una geógrafa muy mal asesorada legalmente para tratar de ignorar al Parlamento y que lo tendrá bastante complicado para revocar esta sentencia judicial de la Corte Suprema.
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