El juez de distrito en la ciudad de San Francisco, William Alsup, dictaminó en la noche del martes que el plan Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) debe continuar vigente mientras sigue la revisión de una demanda presentada en noviembre del año pasado por diferentes centros universitarios del país.
La orden judicial indicó que el gobierno federal debe mantener el programa, que otorga estatuto legal temporal a unos 690.000 jóvenes indocumentados —la mayoría latinoamericanos—, en los mismos términos que estaba antes de que fuera cancelado el pasado mes de septiembre por el Gobierno de Trump.
De acuerdo con la resolución de 49 páginas del magistrado, los argumentos presentados por el departamento de Justicia para eliminar el programa son ilegales, ya que incurre en “una premisa legal con fallos”.
La decisión de Alsup se produce tras una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) presentada por varios campus universitarios del estado de California, y los estados de Maine, Minnesota y Maryland.
Este dictamen judicial, aprobado por el expresidente Barack Obama en 2012, protegía de ser deportados a miles de indocumentados que llegaron a EE.UU. siendo niños, los conocidos como “dreamers” (soñadores), permitirá a los beneficiarios de DACA renovar sus permisos a menos que una corte de mayor rango lo anule.
Trump anunció en septiembre del año pasado su decisión de suprimir el programa, pero aplazó su puesta en marcha en seis meses —hasta marzo— para que el Congreso estadounidense se pronunciara al respecto.
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