• La Policía de Estados Unidos despliega su equipo antidisturbios antes de una manifestación en la capitalina ciudad de Washington, 21 de enero de 2017.
Publicada: martes, 4 de abril de 2017 9:46

Todos los acuerdos alcanzados entre el Departamento de Justicia de EE.UU. y las fuerzas policiales serán reexaminados por el Gobierno del presidente Trump.

El fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, ordenó el lunes una revisión a nivel nacional de todos los programas de reforma de los cuerpos de la Policía local, poniendo en peligro una parte clave del legado del expresidente Barack Obama sobre la justicia penal.

Los mencionados acuerdos formaron parte de una iniciativa de la Administración de Obama para prevenir abusos policiales como la discriminación racial, por lo cual su revisión genera profunda preocupación entre los activistas de derechos civiles.

No es la responsabilidad del Gobierno federal manejar los organismos no federales encargados de hacer cumplir la ley”, destacó el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions.

Luego de que la violencia policial dejara varias víctimas en lugares como Ferguson (estado de Misuri) y Baltimore (estado de Maryland), la Administración de Obama amplió el número y alcance de los decretos de consentimiento (consent decree), que son reformas de los departamentos de Policía sobre cuestiones como la discriminación racial, el uso de equipo militar, la fuerza y las incautaciones ilegales.

 

Ahora, tal y como varias otras medidas de Obama, el Ejecutivo norteamericano prevé paralizar o reducir los decretos de consentimiento que limitaban a los policías estadounidenses.

"No es la responsabilidad del Gobierno federal manejar los organismos no federales encargados de hacer cumplir la ley”, destacó el fiscal Sessions en un memorando de dos páginas publicado el lunes.

De igual modo, aseveró que la revisión es necesaria para asegurar que ningún acuerdo de reforma socava los objetivos del Gobierno de Trump de promover la seguridad y la moral de los policías mientras cumplen su deber.

No obstante, el informe ha levantado la indignación de los defensores de derechos humanos: "Esto es aterrador", cuestionó Jonathan Smith, director ejecutivo del Comité de Abogados de Washington para los Derechos Civiles y Asuntos Urbanos en una entrevista al diario The Washington Post. “Esto plantea la cuestión de si, en virtud del actual procurador general, el Departamento de Justicia va a alejarse de su obligación de garantizar que la aplicación de la ley en todo el país está siguiendo la Constitución”, agregó.

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