“Lo haríamos con la intención de conocer de una vez qué les impulsó a declarar este veto”, ha declarado este domingo al canal televisivo local ABC el fiscal general del estado noroccidental de Washington, Robert Ferguson.
El funcionario, reelegido por voto popular en noviembre (en un estado que votó en la presidencial a la candidata demócrata, Hillary Clinton, en un 54,3 %), ha anunciado además su intención de “seguir usando todas las herramientas a su disposición” para mantener la anulación de la prohibición de visas del presidente de EE.UU., Donald Trump.
Lo haríamos con la intención de conocer de una vez qué les impulsó a declarar este veto”, anticipa el fiscal del estado noroccidental estadounidense de Washington, Robert Ferguson.
El veto a la entrada en EE.UU. de ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana (Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen) sigue en efecto bloqueado, después de que el jueves un tribunal de apelación rechazara el recurso de la Casa Blanca para reactivarlo. Trump ha dicho no descartar un nuevo decreto que lo reemplace, lo que ha confirmado hoy domingo su alto asesor Stephen Miller.
En declaraciones a la misma ABC poco antes de intervenir Ferguson, Miller ha calificado la anulación del veto de “usurpación de poder”, defendiendo que el presidente de EE.UU. tiene la prerrogativa de “prohibir el ingreso al territorio (estadounidense) a algunas personas”.
En esta tesitura, el asesor —uno de los artífices de la campaña electoral de Trump, junto al hoy estratega jefe de la Casa Blanca, Stephen Bannon— ha evocado la posibilidad de “un decreto totalmente nuevo” y el anuncio de nuevas medidas, “quizá el lunes o el martes”.
Miller ha criticado además con dureza al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, al que ha acusado de “tener a sus espaldas una larga historia de meterse donde no lo llaman”. En círculos pro-Trump se ha hablado estos días de la posibilidad de que el Congreso, de mayoría republicana, limite la jurisdicción de esa corte o la sustituya en parte de su ámbito, habiendo ya registrada una iniciativa en este sentido.
Ferguson, posteriormente, ha insistido por su parte en su intención de “sacar a la luz de una vez por todas los verdaderos motivos” del decreto, del que sospecha que sea una medida discriminatoria y contraria a los derechos humanos, sin justificación por motivos de seguridad o terrorismo.
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