La compañía Global Research and Asset Management LLC (GRAM) con sede en Florida contrató una firma de relaciones públicas Perceptual Advisors LLC por 250 000 de dólares para que los principales medios de EE.UU. y del Reino Unido difundieran información a favor de Guillermo Lasso cuando el mandatario se enfrentaba a su juicio político en el Parlamento, reveló el viernes la investigación realizada por el medio ecuatoriano Plan V, el estadounidense Miami Herald y la red periodística Proyecto de Reportajes sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés).
Pero la compañía GRAM está dirigida por un personaje cercano al mandatario, a saber Miguel Macías, quien fue ex alto ejecutivo del Banco Guayaquil, entidad de la que Lasso fue presidente ejecutivo.
Uno de los objetivos del contrato firmado el 5 de abril pasado era “introducir/aclarar la verdad sobre los motivos del juicio político” contra el presidente, dice la investigación periodística.
En el marco del acuerdo, los asesores de la empresa Perceptual Advisors debían gestionar la crisis derivada por el proceso que adelantaba la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, contra el presidente para su destitución, así como minimizar el potencial impacto negativo de esa situación en la reputación de Lasso y en el apellido de su familia.
De acuerdo con la pesquisa, Perceptual Advisors se puso en contacto con 23 periodistas de medios de comunicación para gestionar entrevistas o reuniones informativas con Lasso.
Contrato con intermediario
Lo que más se cuestiona de la operación es que el contrato se realizara a través de una empresa intermediaria (es decir, GRAM) en lugar de hacerlo mediante una contratación directa por parte del Gobierno ecuatoriano.
En los registros oficiales, la firma GRAM actuaba como representante de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador, y Wendy Reyes, titular de esa entidad, aparece como la funcionaria de contacto.
Sin embargo, de momento no está claro el origen del dinero utilizado en el acuerdo, ya que aún se desconoce si el Gobierno ecuatoriano pagó por el contrato de recursos públicos, o fueron fondos privados del propio Lasso.
El juicio político contra Lasso, acusado por la oposición del presunto delito de peculado, no llegó a su fin, puesto que cuando se desarrollaba en la Asamblea Nacional el presidente decretó el 17 de mayo “muerte cruzada” y disolvió al Parlamento.
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