La jueza de la Unidad Penal de Pichincha (norte), Karen Matamorros, tras aceptar la petición del fiscal Juan Tibanlombo, "determinó la prisión preventiva para los nueve acusados del presunto cohecho", anunció el jueves la Fiscalía General.
Entre las 9 personas señaladas figuran el expresidente de Hidrocarburos, entre noviembre de 2015 y mayo de 2016, Carlos Pareja Yannuzzelli, y el exgerente de la estatal petrolera Petroecuador, Álex Bravo, así como el asesor de Pareja, Arturo Escoba.
La Fiscalía acusa a Pareja y a otras 16 personas de realizar importantes transacciones a empresas constituidas en paraísos fiscales por funcionarios públicos, sus familiares y contratistas privados.
De acuerdo con el fiscal general Galo Chiriboga, Pareja salió del país rumbo a España el 28 de setiembre, cuando todavía no estaba salpicado por el escándalo de corrupción en la petrolera Petroecuador.
Pareja, que posee una empresa constituida en Panamá, también dirigió Petroecuador, una de las principales contratistas del Estado que tiene a su cargo las áreas de comercio internacional de crudo, la operación de oleoductos y de las tres refinerías del país.
La magistrada, a su vez, solicitó la prohibición de abandonar el país para los otros ocho involucrados, entre ellos, familiares cercanos al exministro. Además, estas personas no pueden vender sus bienes ni movilizar sus cuentas bancarias.
Por su parte, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, presente en la audiencia, afirmó que el exministro recibió un millón de dólares por presuntamente favorecer a empresarios que firmaron contratos con Petroecuador.
La Policía realizó, tras la orden de la juez, operativos para la incautación de bienes de los indagados en varios lugares del país. El delito de cohecho en Ecuador no prescribe y puede ser juzgado en ausencia del imputado, según la Fiscalía.
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