La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) en Colombia recuerda, en un comunicado, al Congreso de este país que la aprobación del proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es “fundamental para el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales en derechos humanos”.
De igual manera, ha hecho un llamado de atención a los senadores y representantes de la Cámara ya que es “su obligación garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a la justicia de las víctimas de violaciones”, según informa este martes la agencia francesa de noticias AFP.
Asegura también que poner a marchar la JEP garantiza la existencia de normas que orienten y regulen su funcionamiento y contribuyan a su inserción en la estructura estatal.
“La aprobación del proyecto de ley estatutaria de la JEP, por parte del Congreso de la República, es fundamental para el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, reza la nota de la OACDH.
La aprobación del proyecto de ley estatutaria de la JEP, por parte del Congreso (de Colombia), es fundamental para el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, indica en un comunicado la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.
El acuerdo de paz firmado en noviembre del año pasado entre el Gobierno del presidente, Juan Manuel Santos, y la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ya desarmada y transformada en partido político, establece un sistema de justicia al que deberán someterse los rebeldes y militares implicados en delitos graves.
La aprobación de esta normativa, considerada una de las columnas vertebrales del pacto, es clave para definir, entre otros puntos, si los exguerrilleros acusados de crímenes graves, pueden participar en política antes de ser juzgados o de cumplir las penas impuestas por los tribunales de paz.
El acuerdo establece que los responsables de esos delitos podrán recibir penas alternativas a la cárcel si confiesan sus crímenes, reparan a las víctimas y se comprometen a nunca más ejercer la violencia.
La OACDH exhortó a los parlamentarios a cumplir con “su obligación” de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas y a “impulsar todas las acciones que sean necesarias para maximizar las oportunidades del procedimiento legislativo especial para la paz”.
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