Chile es otra vez episodio de la violencia. En esta ocasión, con motivo del segundo aniversario del estallido social del 18 de octubre de 2019. Se registraron más de medio centenar de marchas en el país con la participación de trabajadores, estudiantes, integrantes de colectivos y organizaciones comunitarias.
Las manifestaciones comenzaron hace dos años para protestar por el alza del precio del transporte público y canalizaron el descontento de la sociedad por la apabullante desigualdad. Las demandas escalaron rápidamente y derivaron en la redacción de una nueva Constitución.
Este año, en principio, en la capital, Santiago, la protesta se llevó a cabo de forma pacífica, no obstante, algunos grupos comenzaron a saquear locales y quemar mobiliario público.
La respuesta fue el despliegue de más de 5000 efectivos y, como ya es habitual, la represión con camiones lanza agua y gases lacrimógenos. El resultado, según informes, es la muerte de dos personas y 450 detenidos. Desde el Gobierno también prometen castigos.
El Gobierno de Sebastián Piñera, desde el principio, desoyó las demandas de los ciudadanos, mientras el papel de las fuerzas de seguridad, especialmente los Carabineros, ha sido criticado por posibles excesos cometidos en sus intervenciones.
Además, miles de jóvenes que estuvieron en primera línea de las manifestaciones continúan en prisión, a los que el Gobierno se niega a indultar.
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