La Justicia chilena ha declarado culpables a los nueve ciudadanos bolivianos detenidos el pasado 19 de marzo y los ha condenado a tres años de cárcel, pero ha aceptado la solicitud de la defensa y ha determinado su expulsión en un plazo de 30 días.
La jueza Isabel Peña ha dictado sentencia contra los nueve funcionarios condenados por los delitos de robo con intimidación y contrabando y ha estipulado una multa de 32 millones de pesos (unos 48.000 dólares) por contrabando de vehículos.
"Queda determinada su intención de sustraer y de quedarse con la carga de propiedad de la víctima", ha indicado la jueza.
Sobre el delito de porte ilegal de armas, solo los dos militares detenidos fueron declarados culpables, por lo que recibieron otros tres años y un día de prisión como sanción. Los otros siete fueron absueltos de ese tipo penal.
Sin embargo, al aplicarse la medida sustitutiva, los nueve bolivianos no serán remitidos a la cárcel y el cumplimiento de su sentencia consistirá en su expulsión de Chile y la prohibición de ingresar a ese país por diez años, sanción que debe aplicarse en el lapso de 30 días.
Empero, como los dos militares fueron sancionados además por porte ilegal de armas, su expulsión será por un total de 20 años, diez años por cada delito.
Queda determinada su intención de sustraer y de quedarse con la carga de propiedad de la víctima", ha indicado la jueza Isabel Peña.
La instancia se ha efectuado luego de que el martes los funcionarios de Aduanas y militares del país vecino aceptaran ser sometidos a un juicio abreviado.
La detención de los imputados provocó una escalada de tensiones entre los gobiernos que presiden Michelle Bachelet, de Chile, y Evo Morales, de Bolivia, sin relaciones diplomáticas desde 1978.
La tensión entre ambos países por la centenaria demanda boliviana que exige la devolución de la salida al mar perdido en la guerra se reactivó con la querella interpuesta en 2013 por el Gobierno de Morales en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
En 2016, Chile acudió a la misma corte para demandar a Bolivia por el uso de las aguas del río internacional Silala.
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