"El Gobierno de Chile deplora las condiciones en que se quiere realizar la visita de una autoridad tan importante como el ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, y las considera como una descortesía flagrante", señaló la declaración pública difundida el sábado por la Cancillería chilena.
Así, el Ejecutivo de la presidenta Michelle Bachelet condenó el hecho de que Bolivia haya rechazado negociar la agenda del viaje que realizará entre el 17 y el 19 del presente mes su canciller, David Choquehuanca, cuyo pedido de visita a los puertos chilenos había sido aceptado el jueves por Santiago.
El Gobierno de Chile deplora las condiciones en que se quiere realizar la visita de una autoridad tan importante como el ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, y las considera como una descortesía flagrante", señaló la declaración pública difundida por la Cancillería chilena.
Por lo tanto, la Administración chilena enfatizó que el mencionado viaje debe llevarse a cabo como una visita “privada”, que debe atenerse a las limitaciones correspondientes y tendrá una comitiva de 58 personas.
Además, el texto acusó a La Paz de tener la intención de realizar, mediante ese viaje, “una operación mediática para seguir cuestionando el Tratado de 1904, y para encubrir problemas domésticos, como el anunciado paro nacional de camioneros en Bolivia".
"Chile notifica que ni siquiera considera la sola idea de actos de 'inspección' ejercidos sin autorización en territorio propio, y no aceptará las eventuales conclusiones que pretendan presentarse como resultados", agregó el documento.
Choquehuanca anunció la visita a los puertos chilenos, aludiendo denuncias de transportistas que aseguran sufrir maltrato en Chile al momento de manejar carga boliviana, que utiliza puertos chilenos como prevé el Tratado de 1904.
La escalada de tensión y el cruce de quejas por el transporte de carga coinciden con la entrega de la contrademanda chilena al juicio iniciado por el presidente boliviano, Evo Morales, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en el que pide a Chile que negocie una salida soberana al mar, así como a otra demanda de La Paz contra el uso de las aguas del Silala por Santiago.
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