El ministro del Gobierno (Interior) de Bolivia, Carlos Romero, presentó el miércoles ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un cuadro titulado “La conspiración de la desestabilización”, en el que identificó a nueve individuos como los "ideólogos" del suceso.
Durante un acto interpelatorio, Romero y el ministro de Minería, César Navarro, revelaron ciertos datos relacionados con el caso de Illanes, quien el pasado 25 de agosto fue secuestrado, torturado y asesinado a golpes por mineros que bloqueaban una carretera en la localidad de Panduro, a 180 kilómetros de La Paz (capital), a donde el funcionario se había dirigido para intentar un acercamiento con los manifestantes.
Un panorama adverso imposibilitaba cualquier acción policial en ese momento. No se tenía una ubicación exacta del viceministro, pero sí del desplazamiento de mineros en lugares claves y en las alturas", afirmó el ministro del Gobierno (Interior) de Bolivia, Carlos Romero.
Romero explicó también que de los 17 presentados por su responsabilidad en el asesinato, diez se encuentran detenidos y siete aparecen como prófugos y buscados, facilitando sus identidades.
Asimismo, desveló que un total de 5700 policías han sido desplegados en capitales de provincia y otras localidades para participar en un megaoperativo de rescate, si bien Illanes fue asesinado antes de su inicio.
"Un panorama adverso imposibilitaba cualquier acción policial en ese momento. No se tenía una ubicación exacta del viceministro, pero sí del desplazamiento de mineros en lugares claves y en las alturas", afirmó, para luego indicar que la intervención policial hubiera provocado "bajas de ambas partes, entre muertos y heridos", con la muerte probable de al menos 70 personas.
Para las autoridades bolivianas y el presidente Evo Morales, las movilizaciones de los mineros y el asesinato del viceministro fue un plan de "connotación golpista" y una conspiración política respaldada por la derecha para derrocar el Gobierno andino. Romero pidió el lunes a los cooperativistas mineros la entrega de los asesinos de Illanes como condición para recuperar el diálogo con ese sector, que pide cambios en la Ley Minera.
bhr/mla/nal
