Según medios locales, los altercados se produjeron cuando los manifestantes trataron de acceder a las inmediaciones del palacio de Gobierno y fuentes gubernamentales aseguraron que se recurrió al empleo de gases lacrimógenos para evitar cualquier tipo de confrontación directa.
El Gobierno boliviano, a su vez, denunció que 10 policías resultaron heridos durante la marcha, debido a que varios indignados usaron fulminantes de dinamita.
En un comunicado difundido desde su página Web, el Ministerio de Gobierno de Bolivia solicita a la Fiscalía abrir una "investigación de oficio" para que el Ministerio Público establezca "responsabilidades en contra de las personas que incurrieron en estos ilícitos", en relación a las agresiones.
Además, critica la actitud de los manifestantes que, sostiene, "pone en duda la legitimidad de sus demandas".
El pasado 21 de marzo, alrededor de un centenar de personas con discapacidad comenzaron una marcha desde la ciudad de Cochabamba hasta la capital del país, situada a más de 300 kilómetros de distancia.
Los manifestantes demandan que la renta mensual que reciben se incremente de 80 bolivianos (11,5 dólares) a 500 bolivianos (72 dólares), posibilidad rechazada en forma reiterada por las autoridades, que arguyen limitaciones presupuestarias.
En Bolivia existen unas 388.000 personas con algún tipo de discapacidad permanente —en función de los datos difundidos por la Defensoría del Pueblo—, aunque no todas reciben el bono mensual que asigna el Estado.
mep/anz/nal
