Huyendo de la muerte y la violencia ejercidas por el Gobierno, el Ejército de Myanmar y los budistas extremistas, los musulmanes rohingyas se vieron forzados en 2017 a un éxodo masivo.
La violencia contra los rohingyas en el estado de Rajine, oeste de Myanmar, empezó en agosto de 2016, después de que se le atribuyó a esta minoría un ataque contra la Policía. Poco después empezaron su huida a los países vecinos, especialmente Bangladés.
Numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos, diferentes países del mundo e incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron los ataques sistemáticos de los militares de Myanmar, como la quema de aldeas, asesinatos, robos o violaciones, un extremo que siempre negaron el Gobierno y el Ejército.
Como una medida para calmar las críticas, el 23 de noviembre, el Gobierno de Myanmar firmó un memorando con Bangladés para repatriar a la minoría rohingya.
El pacto prevé que el proceso se inicie en el plazo de dos meses, aunque Myanmar, que niega la ciudadanía a los rohingyas, no ofreció detalles de cómo garantizará la seguridad de los que decidan regresar.
El sufrimiento de los rohingyas volvió a ocupar portadas durante el viaje del papa Francisco a la región. En Myanmar, y después de reuniones con autoridades del país, el pontífice exhortó a comprometerse con la justicia y respetar a todos los grupos étnicos, sin mencionar a los rohingyas.
Pero en Bangladés, el papa, durante una reunión con miembros de esta minoría musulmana, pidió “perdón” en nombre de aquellos que les hicieron daño y por la indiferencia del mundo en general.
La indiferencia de Myanmar, que incluso ha vetado la entrada de la relatora de Derechos Humanos de la ONU al país, destruye las esperanzas de una posible mejora de la situación de los rohingyas, la minoría más perseguida del mundo.
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