Desde 1992, el Gobierno budista no reconoce a los rohingyas como ciudadanos y los considera inmigrantes bengalíes. Por esta razón, ha provocado su desplazamiento forzoso hacia campos de refugiados en el oeste del país o hacia países vecinos. Los activistas aseguran que deben tener la posibilidad de regresar a sus lugares de origen.
La semana pasada, el Gobierno birmano anunció que impediría el ingreso al país de los miembros de una misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para investigar posibles violaciones de los derechos humanos.
Ahora se ha esfumado cualquier esperanza acerca de un posible cambio en la situación de la etnia musulmana con el Gobierno de Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, por su silencio sobre la vida que afrontan los rohingyas.
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