• El presidente de Argentina, Mauricio Macri, en un evento en Brasilia, 21 de diciembre de 2017.
Publicada: sábado, 23 de diciembre de 2017 2:27

La Justicia argentina exigió al Grupo Macri entregar todos sus libros contables para investigar la condonación de una millonaria deuda en perjuicio del Estado.

El juez federal Ariel Lijo exigió el viernes revelar la situación bancaria de las empresas del Grupo Macri en el marco del expediente en el que se investiga la condonación de una millonaria deuda por parte del Estado a la empresa Correo Argentino S.A. durante la gestión del presidente del país austral, Mauricio Macriy requirió los libros societarios y contables desde 2001.

Fuentes judiciales confirmaron que el juez, de acuerdo al requerimiento del fiscal Juan Pedro Zoni, solicitó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que informe sobre la situación bancaria de las empresas Sideco Americana S.A, Socma Americana, Neficor Argentina y Correo Argentino, todas ellas pertenecientes al Grupo Macri.

Además, ordenó librar oficios a los juzgados del fuero federal para que informen si tramita o tramitó alguna causa por la emisión de un supuesto documento por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de la empresa Aerolíneas Argentinas en el cual se le habría perdonado una deuda de medio millón de pesos.

En la causa está imputado el propio Macri, el entonces ministro de Comunicaciones y actual titular de Defensa, Oscar Aguad; y su representante en el concurso del Correo Argentino, Juan Manuel Mocoroa, entre otros.

 

A las empresas se les requirió las “actas de asamblea, actas de directorio, registro de acciones/accionistas, depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas generales”, además del diario de inventario y balances.

Lijo quedó a cargo de cuatro denuncias unificadas hechas a raíz de la condonación de la deuda del Correo Argentino durante la Presidencia de Macri.

Las denuncias se hicieron por “administración fraudulenta, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles” a causa del acuerdo entre el Gobierno y el Grupo Macri, que habría perjudicado al Estado unos 70 mil millones de pesos, según sostuvo la fiscal del fuero comercial que cuestionó la quita, Gabriela Boquín.

Boquin había dicho que el acuerdo entre Correo y el Estado era “abusivo” y denunciado el aparente intento de “vaciamiento” de las cuentas del concurso de acreedores de Correo Argentino para desviar los fondos en dólares y pesos hacia otros negocios del mismo grupo empresario, vinculado con la familia del jefe de Estado.

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