Tras la detención de Amado Boudou, segundo vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, la exmandataria argentina, difundió el viernes un mensaje de la formación política Unidad Ciudadana, en el que pone de manifiesto que el arresto “es una clara maniobra intimidatoria y extorsiva” del Ejecutivo.
“El gobierno del presidente Mauricio Macri está utilizando el Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores. El objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar” advirtió Unidad Ciudadana en el texto replicado por Fernández.
También se denuncia que “se ha vulnerado, o se ha terminado, el Estado de derecho y la división de poderes” y señala que “estamos frente a una maniobra de disciplinamiento como pocas veces se ha visto en la historia de nuestro país”.
El gobierno del presidente Mauricio Macri está utilizando el Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores. El objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar”, advirtió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Boudou fue detenido el viernes en su departamento de Puerto Madero y trasladado a los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración ante el juez Ariel Lijo en el marco de la causa en que se lo investiga por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, Fernández señala que la “privación de la libertad” del exvicepresidente no tiene nada que ver con la causa por la que lo investiga, y denuncia una maniobra intimidatoria contra la oposición política, especialmente a los legisladores, “para que voten precarización laboral e impuestazo, que arruina economías regionales y encarece consumos populares”.
La exjefa de Estado recuerda que el juez Ariel Lijo es el mismo que está investigando la causa del Correo Argentino, en la cual está imputado Macri y su familia, dueños de la empresa SOCMA, que tiene una deuda de 70.000 millones de pesos con el Correo Argentino y que el propio Macri intentó autoperdonarse.
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