Tras una extensa sesión de debate, el proyecto— que ya tenía el visto bueno de la Cámara de Diputados— ha contado con el apoyo de 54 senadores y el rechazo de otros 16. La iniciativa prevé endeudar al país con 12 mil 500 millones de dólares.
La coalición oficialista Cambiemos ha obtenido el respaldo de muchos legisladores opositores, incluyendo a los peronistas. La medida implicará una fuerte emisión de bonos para compensar a los acreedores impagos que rechazaron reestructurar sus bonos en el 2005 y el 2010.
#Argentinos rechazan en masa endeudarse para pagar a fondos buitre https://t.co/zYwsOthQWu pic.twitter.com/4t2YDDkb93
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Mientras los diputados debatían la aprobación del pago a los fondos buitre, cientos de personas se han manifestado frente al Congreso para rechazar el acuerdo. “Abajo el pacto buitre”, señalaba una pancarta firmada por un grupo de manifestantes.
El pacto de Macri con los buitres abre paso al retorno del país a los mercados financieros internacionales sin garantías de proyección, lo que evitaron los Gobiernos kirchneristas para resguardar la soberanía económica del país, según los medios locales.
Este proyecto asimismo deroga dos leyes nacionales con las que la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner blindó la economía con miras a evitar el pago de la deuda en “default”. Además, elige una ley emitida por un tribunal de EE.UU con el único fin de endeudar el país para siempre.
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Ahora, el Gobierno tendrá hasta el 14 de abril para pagar a los acreedores unos 4653 millones de dólares en efectivo, aunque ese plazo podría retrasarse porque una corte de apelaciones de EE.UU debe aprobar la operación en una sesión prevista para el 13 de abril, que podría no dejar tiempo para concretar el pago.
Argentina tiene interés en llegar a un acuerdo con ciertos acreedores, ya que mantiene un litigio con fondos especulativos que exigen a Buenos Aires aceptar la sentencia de un tribunal federal de Nueva York, según la cual debería pagar 1330 millones de dólares por bonos de deuda en default adquiridos desde 2001.
El Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) se negó a aceptar el fallo del juez estadounidense Thomas Griesa, calificando de “buitres” dichos fondos especulativos por haber comprado bonos en default a precio de remate para recuperar su valor nominal por vía judicial.
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