"El objeto procesal de esta causa de acuerdo a la prueba producida hasta el momento lo constituye la hipótesis de que Alberto Nisman ha sido víctima del delito de homicidio", ha ratificado este jueves Ricardo Sáenz.
El fiscal Nisman, encontrado muerto con una herida de bala en la cabeza el 18 de enero de 2015, durante sus investigaciones, acusó a la exmandataria de Argentina, Cristina Fernández, y al excanciller Héctor Timerman de encubrir evidencias sobre el atentado perpetrado en 1994 contra la la Asociación Mutual Israelita de la Argentina (AMIA). Sin embargo, dicha denuncia fue desmentida más tarde por el juez de primera instancia Daniel Rafecas.
El objeto procesal de esta causa de acuerdo a la prueba producida hasta el momento lo constituye la hipótesis de que Alberto Nisman ha sido víctima del delito de homicidio", ha ratificado el fiscal general ante la Cámara del Crimen de Argentina, Ricardo Sáenz.
Fernández anunció reiteradas veces que la muerte de Nisman no fue un suicidio —como avanzarían las investigaciones previas—, sino una operación contra el Gobierno, y que al fiscal del caso AMIA le plantaron pistas falsas para que denunciara a su Ejecutivo.
El magistrado Sáenz ha explicado que "los recurrentes sostienen con razón que la presencia en el departamento de Nisman del arma que le dio muerte no está avalada por una explicación lógica" debido a que las versiones dadas en la causa al respecto son "contradictorias".
Además, ha pedido que se impute a Diego Lagomarsino, el colaborador del fiscal que aseguró haberle prestado la pistola con la que presuntamente éste se habría suicidado, por la muerte y no sólo por la entrega del arma.
De igual modo, ha indicado que algunos puestos, como que el apartamento de Nisman habría sido "limpiado" y por eso no había huellas dactilares, la manipulación de su ordenador personal, "o que el contenido de su teléfono fue borrado", surgen las dudas sobre la familia del fiscal argentino.
Al final, ha explicado que como la única posibilidad es que Nisman ha sido asesinado, "la investigación debe ser proseguida por la Justicia Federal" de la capitalina ciudad de Buenos Aires, “que es la que tiene la competencia más amplia para conocer y dilucidar cuál de todas las hipótesis implicadas resulta finalmente aplicable al hecho".
La revelación del fiscal Sáenz se produce días después de que el exespía argentino Antonio Horacio Stiuso, que huyó de Argentina tras ser inculpado por el anterior Gobierno de estar involucrado en la muerte de Nisman, regresara al país suramericano para declarar como testigo en el mencionado caso, según el diario local Télam.
La Administración de Fernández acusó en varias ocasiones a Estados Unidos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) de "proteger" a Stiuso y solicitó la colaboración de Washington para hallar el paradero del acusado con el fin de poder descodificar ese asunto.
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