El toque de queda en las ciudades y los barrios kurdos de Turquía ha hecho que las personas que viven en dichas zonas se enfrenten a dificultades extremas, según los resultados de una investigación realizada por AI y la información dada por los residentes.
Los cortes de los suministros de agua y electricidad, combinados con los peligros para acceder bajo el fuego a alimentos y atención médica, están teniendo un efecto devastador en los residentes, y es probable que la situación empeore rápidamente si no se hace algo”, ha afirmado John Dalhuisen, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
De acuerdo con varios informes, las Fuerzas de Seguridad de Turquía han puesto en peligro la vida de los que viven en el sureste del país, impidiendo la entrada de ambulancias en zonas sometidas al toque de queda y que se atienda a las personas enfermas.
“Los cortes de los suministros de agua y electricidad, combinados con los peligros para acceder bajo el fuego a alimentos y atención médica, están teniendo un efecto devastador en los residentes, y es probable que la situación empeore rápidamente si no se hace algo”, ha afirmado John Dalhuisen, director del Programa para Europa y Asia Central de AI.
Dalhuisen ha asegurado que las operaciones que se están llevando a cabo se parecen poco a poco a “un castigo colectivo”. También ha instado a las autoridades turcas a que cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos, adoptando medidas legítimas para garantizar la seguridad.
En este contexto ha lamentado que pese a los intentos de Turquía por silenciar las críticas internas, la comunidad internacional haya optado por la indiferencia ante esta violación de los derechos humanos.
A su vez, un residente contó a AI que uno de sus familiares falleció en su propia casa, y su familia se vio obligada a esperar 12 días, manteniendo el cadáver en la casa, para poder darle sepultura, debido a los enfrentamientos que se desarrollaban en ese momento.
En la misma línea otro residente informó de que había sido obligado a quedarse junto a su familia durante 20 días sin agua y 15 días sin electricidad.
Según el referido informe, las autoridades de Turquía impiden también que entren los observadores independientes de colegios de abogados y organizaciones de derechos humanos en las zonas sometidas al toque de queda. Así que es difícil hacerse una idea de lo que está ocurriendo.
También otro peligro para los residentes es que no pueden denunciar sus dificultades, dado que las personas que han delatado los abusos han sido objeto de amenazas, investigaciones criminales y otras formas de hostigamiento.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, prometió, a finales del pasado mes de diciembre, “limpiar” el país de la presencia de milicianos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, por sus siglas en kurdo).
Según otro informe, publicado el pasado 16 de diciembre por el diario turco Today's Zaman, unas 200.000 personas han huido de la violencia y la región está experimentando su segunda mayor ola migratoria desde la década de 1990.
El pasado verano boreal y después de más de dos años del alto el fuego establecido, Turquía y el PKK rompieron con los diálogos de paz iniciados en 2012 y reanudaron el conflicto armado que se ha cobrado la vida de más de 40.000 personas desde 1984.
Desde que el Gobierno de Ankara intensificara a finales del pasado mes de julio sus operaciones antiterroristas contra el PKK, los enfrentamientos diarios, las redadas nocturnas e incluso el toque de queda, se han vuelto cotidianos para los ciudadanos turcos de las regiones del sur y sureste del país euroasiático.
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