• El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy participa en una conferencia de prensa después de una reunión extraordinaria en Madrid, la capital, con los miembros del Gobierno sobre la aprobación de la reciente resolución catalana, 11 de noviembre de 2015.
Publicada: miércoles, 11 de noviembre de 2015 16:20
Actualizada: miércoles, 11 de noviembre de 2015 21:46

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, denuncia que la resolución independentista catalana pretende “acabar con la democracia y el Estado de Derecho”.

(…) Eso es lo que ofrecen, acabar con la democracia y el Estado de Derecho, someter las libertades y los derechos de todos los ciudadanos y quebrar la unidad de la nación española y la convivencia que nos ha unido durante siglos. Y eso es lo que no podemos permitir”, ha enfatizado este miércoles el alto dirigente español.

(…) Eso es lo que ofrecen, acabar con la democracia y el Estado de Derecho, someter las libertades y los derechos de todos los ciudadanos y quebrar la unidad de la nación española y la convivencia que nos ha unido durante siglos. Y eso es lo que no podemos permitir”, dice el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.

Al informar de que su Administración ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) una impugnación legal a la aprobación de la reciente resolución catalana para iniciar el proceso de independencia respecto de España, Rajoy ha denunciado que esa iniciativa catalana apuesta por la "arbitrariedad del poder" y pretende "retrotraer a otros tiempos que la España constitucional ha dejado atrás definitivamente".

Para el mandatario español, se trata de la "propia esencia" de la democracia, del respeto a la soberanía popular y de la unidad de la nación y es "lo que algunos pretenden poner en riesgo", al perseguir con una resolución parlamentaria "vulnerar la Constitución, incumplir su propio Estatuto de Autonomía y cuestionar la integridad de España".

A su juicio, los promotores de esa declaración independentista, "arrogándose un poder constituyente que no les corresponde", quieren atribuirse también la soberanía nacional que corresponde a todo el pueblo español. Esa soberanía no se puede "dividir" ni "fragmentar" y es expresión de la propia unidad de España, según ha explicado.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy y los miembros de su Gabinete durante una reunión extraordinaria a propósito de la recientemente aprobada resolución catalana para iniciar el proceso de independencia respecto de España, 11 de noviembre de 2015. 

 

"Algunos deberían recordar que sin el respaldo y sin el respeto a la ley, cualquier poder y cualquier gobierno pierden su legitimación y no deberían olvidar que, cuando se prescinde de la ley, se renuncia a la democracia", ha recalcado.

Es algo que no sucede en ningún país del mundo y es un desafío en toda regla al Estado de Derecho, a la ley, a la democracia y a los derechos fundamentales de los ciudadanos", ha dicho Rajoy.

Respecto a la iniciativa de hoy del Gobierno, ha detallado que se ha presentado un recurso ante el TC en el que se pide que dicte la "inmediata suspensión" de esa resolución y de "todos sus efectos". De acuerdo con los medios locales, el TC tenía previsto reunirse más tarde el miércoles, y se espera una decisión rápida.

Rajoy ha agregado que en ese recurso, considerado como “prueba máxima” de un Estado que cree en sus leyes, reclaman también que la decisión del TC sea notificada "de forma personal" a quienes tienen la responsabilidad de aplicarla, ya que esos cargos del Parlamento y del Gobierno catalán tienen que "asumir su responsabilidad".

"Es algo que no sucede en ningún país del mundo y es un desafío en toda regla al Estado de Derecho, a la ley, a la democracia y a los derechos fundamentales de los ciudadanos", ha dicho Rajoy, para agregar a continuación que por eso es "comprensible" el "hartazgo y el cansancio" de tantos millones de españoles con este asunto.

El proyecto independentista catalán ganó ímpetu con una gran manifestación en la ciudad de Barcelona en septiembre de 2012 y alcanzó su clímax el 9 de noviembre de 2014, cuando una consulta popular informal congregó a 2,3 millones de personas para votar a favor de la independencia.

Sin embargo, la aprobación de la reciente resolución independentista catalana se ha encontrado con duras críticas por partes de las autoridades del Gobierno central. En la misma jornada del miércoles, la Audiencia Nacional de España ha amenazado con llevar a la cárcel a los funcionarios catalanes que secunden esa medida.

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