El mandatario, que habló con empresarios, productores, agricultores, transportistas, estudiantes y profesionales en el programa ‘Los ciudadanos preguntan’, transmitido en vivo en la noche del martes, aseguró que ambas iniciativas tienen objetivos redistributivos y no recaudatorios.
Según Correa, existe un plan de desestabilización replicado en gobiernos latinoamericanos que enfrentan movilizaciones. “Tenemos importantes datos de Inteligencia que pronto les daremos a conocer”, dijo.
Aseguró que ninguno de los proyectos de ley afecta a la clase media, ni a los pobres, como alegan los opositores.
Reiteró que las marchas son producto de la desinformación y las manipulaciones de la derecha, por lo que el Gobierno se empeñará en aclarar a la ciudadanía.
El mandatario adelantó su decisión de iniciar una serie de diálogos con sectores de la población que tengan “buena fe”. “Con los desestabilizadores, nos vemos en el 2017 (fecha de las elecciones presidenciales)”, agregó.
No descartó tampoco la posibilidad de celebrar una consulta popular para tratar los proyectos, mientras que confió en que "una vez que la gente conozca las leyes, el apoyo será masivo".
Desde el 5 de junio, fecha en la que el Gobierno ecuatoriano presentó un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional, diferentes ciudades del país han sido testigo de movilizaciones tanto a favor como en contra del gobierno.
Ante la situación del país, el jefe de Estado anunció, el 15 de este mes, el retiro temporal de los dos proyectos.
Cabe mencionar que, según el Gobierno de Quito, los proyectos de ley que sirven para cargar las riquezas (herencias) y las ganancias extraordinarias (plusvalía) con nuevos impuestos, ayudarán, en un futuro próximo, a combatir los niveles de pobreza extrema.
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