El acuerdo sobre la jurisdicción especial para la paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con toda probabilidad, será anunciado en las próximas horas en la capital de Cuba, La Habana, donde están reunidos en estos momentos en privado el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el jefe de la guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko.
En este entendimiento, cabe destacar que los miembros de las FARC podrían evitar la cárcel, así como la extradición a EE.UU., según ha avanzado la prensa local.
Además, la sede del tribunal de justicia transicional estará formada por dos salas: una para sentenciar, a la que llegarán los casos en los que el acusado haya admitido su culpabilidad; y otra para juzgar, adonde se remitirán las causas que requieran la comprobación de los hechos.
El modelo base será de justicia restaurativa, lo que permitirá imponer penas restrictivas de la libertad, pero que no implican cárcel. Esto quiere decir que la víctima y el victimario podrían acordar la forma en que se cumplirá la sentencia, donde la cárcel será sustituida por trabajos a favor de la sociedad colombiana y especialmente de las comunidades más afectadas por el conflicto
Todo esto se mantendrá siempre y cuando se garantice la reparación de las víctimas, porque, de lo contrario, se podría aplicar una pena efectiva de cárcel, que se puede traducir en que las víctimas recibirán además un perdón oficial de las FARC como requisito indispensable para que la pretendida reparación se produzca.
El segundo eje del acuerdo de justicia transicional es la no extradición de los guerrilleros, lo cual significa que evitarán ser entregados a los tribunales estadounidenses, donde hay numerosos casos contra las FARC por narcotráfico.
Además, cabe la posibilidad de que se tramite una ley de indulto, amnistía y de delitos conexos para casos específicos.
Otra novedad es que, por primera vez en la historia colombiana, la justicia transicional se aplicará a todos los actores del conflicto armado, tanto guerrilleros de las FARC, como agentes del Estado, es decir: la Fuerza Pública y sectores sociales, político económicos, que hasta ahora habían quedado siempre al margen.
Las FARC y el Gobierno colombiano iniciaron un proceso de paz en noviembre de 2012 para poner fin a un conflicto armado que ha dejado, según estimaciones, casi 5 millones de desplazados y al menos 600.000 muertos.
Desde pasado 20 de julio está vigente la tregua unilateral anunciada por las FARC y prorrogada el 20 de agosto por tiempo indeterminado, que podría ser definitiva si se llegase a firmar el acuerdo de paz en La Habana.
Recientemente, las FARC anunciaron su participación en el escenario político de Colombia, lo cual fue bien recibido por la sociedad de este país sudamericano que lleva más de 50 años sufriendo este conflicto armado.
De cara a lograr el acuerdo definitivo, cuya firma es inminente, la guerrilla instó a la Administración de Santos a respetar los acuerdos logrados en La Habana, para sellar la paz en esta nación.
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