• Asamblea General de la ONU, con su sede en la ciudad estadounidense de Nueva York.
Publicada: jueves, 10 de septiembre de 2015 22:27

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha aprobado este jueves una resolución que limita el accionar de los fondos buitre, mediante una serie de nuevos principios.

Un Estado soberano tiene el derecho, en ejercicio de su discreción, de diseñar su política macroeconómica, incluyendo la reestructuración de su deuda soberana, la cual no debe ser frustrada o impedida por ninguna medida abusiva”, ha indicado el texto de la resolución.

Un Estado soberano tiene el derecho, en ejercicio de su discreción, de diseñar su política macroeconómica, incluyendo la reestructuración de su deuda soberana, la cual no debe ser frustrada o impedida por ninguna medida abusiva", según el texto de la resolución.

La iniciativa fue propuesta por Argentina y recibió 136 votos a favor, seis en contra y 41 abstenciones en la Asamblea General de la ONU, una iniciativa con la cual Buenos Aires busca atraer el apoyo internacional para proteger los acuerdos de reestructuración de deudas.

En referencia a la votación, el canciller argentino, Héctor Timerman, ha subrayado que la deuda, hoy en día, no solo genera violencia e inequidad, sino una situación en la cual los poderosos se aprovechan y logran grandes utilidades sobre los países menos desarrollados.

El canciller argentino, Héctor Timerman

 

Anteriormente, la embajadora argentina ante la ONU, María Cristina Perceval, había expresado su confianza de que la propuesta recibiera una respuesta positiva de la mayor parte de los países miembros del organismo.

Argentina mantiene un litigio con los fondos especulativos (buitres) que le exigen aceptar la sentencia de un tribunal federal de Nueva York a su favor, por 1330 millones de dólares por bonos de deuda en default adquiridos desde 2001.

Si bien el país sudamericano tiene normalizado el 93 % de su deuda pública, el destino del 7 % remanente, en manos de acreedores que rechazaron las reestructuraciones de 2005 y 2010, quedó sujeto a batallas judiciales.

En un hecho más reciente, una corte de apelaciones de Estados Unidos dio la razón a Argentina y revirtió la decisión del juez estadounidense Thomas Griesa de congelar el pago de 700 millones de dólares adicionales, una decisión que según analistas internacionales fue una victoria completa para Argentina.

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