El ministro argentino de Economía, Axel Kicillof, acusó a Griesa de haber instado a al menos 150 demandantes a pedir que sean considerados bajo la figura jurídica "me too" (a mí también).
Kicillof en reiteradas oportunidades había pedido a Griesa que abriera una mesa de negociación con el 7,6 por ciento de los fondos especulativos que no ingresaron al canje para encontrar una solución en condiciones "justas, equitativas, legales y sustentables", pero lo que hizo Griesa es diferente.
Griesa pidió a todos que reclamen y les ofreció a los que no ingresaron al canje la posibilidad de solicitar lo mismo que le concedió al primer grupo de fondos buitre, basándose en un fallo que obliga a Argentina a pagarle el ciento por ciento de la deuda reclamada, en un pago y en efectivo, explicó el ministro.
Este nuevo grupo de acreedores, que pide en total seis mil millones de dólares, se sumaría al anterior cuya demanda por deuda bordea casi mil 600 millones de dólares. Sin embargo, el titular de Economía aseguró que Argentina está a buen recaudo porque su legislación precisa que “los bonos ley argentina son una cuestión nuestra”.
De acuerdo con Kicillof, el juez neoyorquino quiere “obligar a hacer algo que no tiene sentido, que es pagar 100% a todos los acreedores en el extremo del default, con lo cual trata de incidir sobre los pagos de deuda de la Argentina”.
Los fallos de Griesa armaron "tal ensalada de conceptos, de temas, de jurisdicciones" que no deja que la gran mayoría de acreedores cobre los pagos de deuda que el Estado argentino les garantiza, se quejó Kicillof, al tiempo de apuntar que el objetivo del juez es que el país sea visto como insolvente.
Ahora, Argentina tiene hasta el 17 de marzo para hacer su descargo y luego los demandantes podrán responder hasta el 7 de abril.
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