El panorama inmediato para quienes intentan hacer una vida en EE.UU. es la frontera plagada de oficiales de la patrulla fronteriza. De ser detectados el arresto es inminente, y en algunos casos, el traslado a su país de origen es el fin de la aventura.
Pero para otros, el destino tiene preparado un centro de detención que promete, por lo menos en teoría, un lugar seguro para quienes quieren cruzar la frontera sin los documentos pertinentes.
Generalmente cuando se habla de abusos en los centros de detención, inmediatamente se piensa en opresión física, pero según las declaraciones de la abogada Meredith Brown, las irregularidades son psicológicas y de carácter legal. Algo que, de acuerdo con los activistas que luchan por los derechos y las garantías individuales de los inmigrantes, tiene una explicación muy simple pero poderosa.
En otras palabras, por falta de regulaciones específicas, personas que deberían ser puestas en libertad, particularmente mujeres embarazadas y menores de edad, para tener acceso a un abogado y ver la posibilidad de tener un caso de asilo político, se enfrentan con lo que se describe como un rotundo y claro abuso por parte de las autoridades migratorias.
Los activistas y abogados siguen empujando para regularizar esta situación aunque sea en tiempos difíciles.
Sin lugar a dudas la falta de transparencia en cuanto a las investigaciones de supuestos casos de abusos en los centros de detención es señal de que algo no anda bien. Una respuesta inmediata y clara es necesaria para restablecer la confianza entre la comunidad y las autoridades migratorias.
Víctor Cordero, Los Ángeles.
smd/ctl/nal
