Una disposición del Departamento del Trabajo de EE.UU., que obliga a otorgar cuantiosos beneficios salariales a los mandos directivos y supervisores de las empresas, puede poner en jaque a más del 80 % de las pequeñas y medianas industrias en la isla.
Actualmente los cargos jerárquicos corporativos están exentos de recibir los beneficios hasta ahora reservados para al pueblo trabajador; sin embargo, esta normativa estadounidense obliga a aumentar los privilegios de las categorías altas y pone en riesgo a las más bajas.
Con el actual estatus político, los legisladores puertorriqueños deberán acatar las normativas impuestas desde el Congreso de EE.UU.
Mientras que los economistas indican que para dar cumplimiento a la disposición, muchos comercios deberán recurrir a complejos manejos administrativos a fin de poder sostener sus operaciones sin poner en rojo sus finanzas, los analistas políticos señalan el duro contexto fiscal y económico en el que llega esta normativa de Washington. Asimismo, crece la preocupación e incertidumbre de la clase obrera de la isla en medio de rumores de una profunda reforma laboral.
Carlos Rubén Rodríguez, San Juan
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